El problema se centra en que para repartir acceso a Internet legalmente alguien debe constituirse como operador de telecomunicaciones, en cualquiera de sus variantes de acuerdo a la magnitud y clase del servicio prestado (Que se lo digan a tantos ayuntamientos "perjudicados" por la CMT )
Cosa que no está vedada sobre el papel a un particular, pero poco viable en la vida real.
